La polémica está servida hace tiempo. Medicamentos con indicación aprobada pero que se estima que empiecen por otras medidas por el elevado precio del primero. Medicamentos con indicación aprobada que directamente no se aprueba su utilización en el centro, se supone que por motivos de coste-eficacia. Medicamentos con indicación aprobada pero sin financiación por el sistema nacional de salud que deja a pacientes en un “limbo” de accesibilidad. Medicamentos de nueva aparición, pendientes de valoración en comisiones, protocolos, guías…y que acaban dormidos en algún despacho, bajo solicitudes en papel. Medicamentos cuya utilización se aprueba en algunas comunidades y no en otras, en algunos hospitales y no en otros. Medicamentos, como casi todo en la vida, que nacen con estrella y otros que nacen estrellados.
En cualquier caso la pregunta es, ¿quién tiene que autorizar el acceso a un medicamento?. ¿Con la aprobación del ministerio y el criterio médico es suficiente? ¿Una comisión clínica de especialistas?. ¿Un consejero?. ¿Un gerente?. ¿Un director médico?. ¿Un servicio de Farmacia?...
El caso es que en los últimos meses no hago más que recibir reclamaciones y cartas de asociaciones o pacientes “solicitando” la autorización de medicamentos, “pidiéndome ayuda” o “apelando a mi conciencia”.
Tengo claro que “somos” (al fin y al cabo represento a un servicio clínico) el último eslabón de la cadena. Pero también tengo claro que esto no funciona bien, el acceso a medicamentos no es equitativo, ni ágil. Y muchos pacientes, algunos de manera justificada, otros no, han dejado paso a lo que podríamos denominar el lamentable síndrome “quiero mi sovaldi” que tanto hemos visto en la tele.
