Una escena que se repite en el mundo farmacéutico pero que merece cierta reflexión. Es fácil de comprender, tenemos un medicamento para una patología crónica, llamémosle A, que se compone de la unión de dos medicamentos (B + C). Podríamos decir que A son dos comprimidos en uno. El coste de A es similar a sumar B + C, pongamos 600 euros al mes por paciente, por lo que todo son ventajas. Todos los medicamentos son de dispensación hospitalaria y sin ningún coste para el paciente.
El problema surge cuando C pierde la patente y sale un genérico con una suculenta oferta, entonces tenemos el medicamento A (un comprimido al día) con un coste de 600 euros al mes por paciente frente a los medicamentos B y C (dos comprimidos al día) con un coste sumatorio de 466 euros al mes por paciente.
A priori no parece mucho dinero, pero si solo consideramos un hospital medio, como es el mío, con 40 pacientes en tratamiento con el medicamento C, el gasto añadido de utilizar B+C (2 comprimidos/día) frente a A (1 comprimido/día) es en torno a 65.000 euros al año. Dinero, por supuesto, que pagamos todos con nuestros impuestos.
Y aquí empiezan las preguntas:
¿Quién dice a los pacientes que pasen de tomar un comprimido al día a tomar dos, cuando llevan tiempo tomándose uno y “están muy bien”?
¿Quién decide quitar el medicamento A del hospital (más caro) si está comercializado, aprobado y financiado por el sistema nacional de salud?
¿Podemos encontrar causas que “justifiquen” que tomar 1 comprimido al día frente a 2 mejora el cumplimiento a un coste diferencial tan elevado?
Evidentemente si tuviésemos que pagar los medicamentos de nuestro bolsillo cada cual podría responder a su antojo, sabiendo cual es la munición de la que dispone (cash). El problema, como pasa en el tema de los medicamentos, es cuando disparamos con “pólvora del rey”, aquí ya es otro cantar.
